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Vivir más, pero vivir mejor

De los 9,6 millones de pensionistas que hay en España, cerca de tres millones se mueven en el umbral de la pobreza. Los expertos coinciden en que los sistemas social, sanitario y económico deben seguir fortaleciéndose con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los senior

M.S. / EM 11-09-2019

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Que las personas vivimos más años es una realidad innegable pero, ¿y si nos cuestionamos si vivimos mejor? En términos generales, y como se desprende de las fuentes consultadas en este reportaje, es evidente que en España se vive mejor que hace cuatro décadas pero, al mismo tiempo, es constatable que los indicadores de pobreza y exclusión social también se han disparado. Un dato: el número de personas en exclusión social en España es de 8,5 millones, es decir, el 18,4% de la población.

La tasa de riesgo de pobreza es un indicador calculado por el Instituo Nacional de Estadística (INE) utilizando la Encuesta de Condiciones de Vida. En los años de crisis económica, en concreto desde 2008, “se aprecia una mejoría en esa tasa de riesgo entre las personas mayores de 65 y más años”, comenta el experto en Gerontología Social del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Antonio Abellán. “La explicación fundamental es que ese indicador es relativo, depende de cómo les vaya a los demás grupos de edad; si estos están peor económicamente, los mayores mejoran posiciones, es decir, baja su tasa de riesgo de pobreza”. Así lo reflejan los datos del Informe Envejecimiento en Red nº 22 elaborado por el CSIC –en esta misma página–, que recoge “un perfil de las personas mayores en España, donde se explica cómo se realiza la medición del umbral de pobreza –se sitúa este umbral en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo en el hogar–. Si ese umbral desciende, porque los ingresos de los hogares se hunden, dado que los mayores generalmente viven de la pensión, sus ingresos no cambian, por lo que están relativamente más altos respecto del umbral de la pobreza. Por eso, aparentemente las personas mayores han evitado lo peor de la crisis económica de 2008 y años siguientes. Si aumentan los ingresos de los hogares, y los mayores-pensionistas siguen ganando lo mismo, sus ingresos se quedan atrás, más cerca del umbral de pobreza, incluso por debajo de él”, añade Abellán.

ESCENARIO INICIAL: PENSIONES Y POBREZA
Entonces, y centrando el foco de atención en el colectivo senior, es importante destacar que los 9,6 millones de pensionistas que hay en España, cerca de tres millones son pobres. 

Como coinciden los expertos, en caso de que la situación económica mejore –tal y como ha sucedido en el país en los útimos años–, si los ingresos de los senior no aumentan, el umbral de la pobreza seguirá subiendo. 

Carlos Susías, presidente de EAPN-ES (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España), explica que, si hablamos de los senior, estos “siempre han tenido tasas de pobreza muy elevadas y el hecho de que estas tasas se redujeran a menos de la mitad en 2014, no significó una mejora sus condiciones de vida. En este sentido, hay que resaltar que la inmensa mayoría de las personas mayores tienen ingresos vía pensión, es decir, fijos, y la tasa de pobreza en el grupo viene determinada, en su práctica totalidad, por las modificaciones anuales del umbral de pobreza, que es la línea de ingresos que se considera límite para definir quién es, o no, pobre, y no por una modificación de sus condiciones de vida. En los últimos tres años, el aumento del umbral tiene como consecuencia un importante aumento de las tasas de pobreza de la población mayor”.  

Ese año, 2014, fue un año marcado por una enorme recesión y así se reflejó en los estudios e indicadores de aquel momento, como el Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en España, cuya octava edición acaba de presentarse recientemente y en cuya investsigación ha participado un equipo de 125 investigadores de 30 universidades y 13 organizaciones de acción e investigación.

LOS SERVICIOS SOCIALES EN ESPAÑA
Uno de los puntos más destacados de la investigación elaborada por Foessa es, precisamente, el que analiza la evolución de las políticas sociales en España. Así, el documento detalla que los recortes que han sufrido los servicios públicos fundamentales, ya sean en educación, sanidad o dependencia, han afectado, concluyen, “a la accesibilidad, disponibilidad, asequibilidad y adaptabilidad de los mismos a las situaciones de mayor precariedad”.

En lo relativo a la rama de los servicios sociales, desde Foessa detallan que esta “ha sufrido la presión de una creciente demanda social con recursos menguantes, deficiencias críticas y amplias desigualdades territoriales en su oferta”.

El trabajo de campo se desarrolló en las 17 comunidades autónomas, recogiendo la información de 29.000 personas de 11.600 hogares. Este documento, como expresa el sociólogo y coordinador del mismo, Guilllermo Fernández, constituye “un relato del momento de incertidumbre en el que nos encontramos y una mirada a nuestra cohesión social para analizar cómo vivimos y reaccionamos ante la gran recesión, cómo estamos enfocando la salida y cuáles son las consecuencias de la crisis en la poscrisis”.

Desde el Grupo de Investigación sobre Envejecimiento del CSIC, Abellán opina que “los servicios sociales en España son aceptables”. Echando la vistra atrás, reflexiona que en España “el apoyo familiar ha sido siempre muy fuerte, por lo que los servicios sociales no se han desarrollado tanto. A veces, los Gobiernos caen en la tentación de dejar la ‘política social’ en manos de la familia, lo que significa un retroceso cuando nos comparamos con otros países europeos. Queda margen de mejora de la atención social (especialmente en cuidados de larga duración, y otros servicios, pues los servicios sanitarios están más desarrollados). Pero esto significa que hay que recabar más ingresos para el sistema, es decir: la gente debe estar dispuesta a pagar más impuestos”, concluye.

En la misma línea, el coordinador del Informe Foessa expresa que “las entidades privadas del sector social están cumpliendo un papel fundamental en cuanto proveedoras de servicios. Sin embargo creo que deben repensar su papel y relación con el sector público y con el mercado. En el Informe lo denominamos como llegar a un nuevo espacio de responsabilidades compartidas. De alguna manera  es necesario revitalizar el papel de la sociedad civil, y ahí las organizaciones tienen experiencia si dejan de mirar solo a la cuenta de resultados y los balances, que son importantes pero no suficientes”. 

PROPUESTAS DE FUTURO
Ante este panorama, se abren numerosas opciones y reflexiones que pudiesen mejorar estas elevadas tasas de exclusión. En este sentido, Abellán expone que, ya que la fuente principal de los ingresos de las personas mayores son las pensiones, de jubilación o de viudedad, “lo que se pide es, primero, seguridad. Es decir, decidir un modelo de cotización y beneficios equilibrado y que perdure en el tiempo; segundo, que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, lo que entra dentro de la fórmula estable de cálculo de la pensión; tercero, sacar la discusión de las pensiones de las campañas electorales. El modelo de cálculo de la pensión deber ser acordado y respetado”, concluye el experto del CSIC.

Asimismo, el experto explica a este periódico que la proporción del gasto público social respecto al PIB tiene recorrido al alza, es decir, “se puede mejorar”. Y añade que “no es una estrategia que dé frutos pronto, pero creo que con concienciación, la gente está dispuesta a asumir más carga fiscal para tener mejores servicios sociales, pensiones estables, y evitar la pobreza”.

En el ámbito de los cuidados, por ejemplo Guillermo Fernández lo tiene claro: “Ha llegado el momento de que la responsabilidad sea compartida, y no solo de las Administraciones públicas. Hemos delegado durante demasiado tiempo la responsabilidad en la Administración y esto, unido a los cambios culturales y de valores están tendiendo hacia la asistencialización del sistema de atención público. El deseo de universalidad de los cuidados, por ejemplo, se basa en varias premisas: que estemos dispuestos a financiarlos (nivel adecuado de impuestos) y que creamos que es un derecho para todos, y no solo para los que se lo merecen (los cotizantes). Debemos repensar juntos, Administración pública, organizaciones sociales, junto a la economía social y los propios ciudadanos, cómo queremos que sea ese nuevo espacio que dé respuesta a nuestras necesidades y que se adecue mejor a las circunstancias de los nuevos riesgos sociales a los que nos estamos enfrentando. Las viejas políticas sociales deben cambiar para enfrentarse a los nuevos retos que tenemos por delante”.

Lo resume Carlos Susías diciendo que “se está tomando conciencia de los grandes retos que tenemos y se es más consciente de que la forma en que se ha tratado a la ciudadanía durante la última crisis ha sido un gran error”.
Instrumentos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Pilar Europeo de Derechos Sociales o la Estrategia Nacional contra la Pobreza, son algunos de las herramientas que disponemos para, de forma unánime, cambiar la situació actual. “Tenemos mimbres correctos para hacerlo bien y ahora tenemos la responsabilidad de hacerlo. Los Gobiernos deben, siendo coherentes con lo firmado y ratificado por ellos y la sociedad civil organizada, de la que el tercer sector de acción social es parte esencial, reivindicar, luchar, proponer y movilizarse para que esto sea así”, concluye el presidente de la EAPN-ES.






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