El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó recientemente las conclusiones preliminares del informe elaborado por sus técnicos tras la visita oficial realizada a España, en cumplimiento del artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI.

En la declaración final, y entre otros asuntos, respecto al tema de las pensiones, el texto señala que “España ha continuado recuperando el terreno perdido durante la crisis con un crecimiento económico que ha generado abundante empleo gracias a las reformas pasadas. Pero el ciclo económico está llegando a su madurez y varios riesgos a la baja ensombrecen el panorama a medio plazo”. Ante esta coyuntura, hablan de la necesidad de “relanzar el ajuste fiscal estructural y preservar el espíritu de las reformas del mercado de trabajo”.

El texto reconoce la evidencia de que las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 “están en entredicho”. Y subrayan que “el sistema de pensiones ha protegido a la generación de más edad frente a los peores impactos de la crisis, al permitir incrementos del poder adquisitivo que redujeron significativamente la pobreza de la población de mayor edad, si bien se enfrenta a desafíos de aquí en adelante”.

Y es que según explican “de cara al futuro, el envejecimiento de la población implica que el sistema de pensiones se enfrentará al reto de que menos cotizantes tendrán que financiar a un número creciente de jubilados. Las reformas pasadas respondieron con medidas apropiadas desde el punto de vista financiero para aliviar la presión sobre el sistema de pensiones, pero la reducción esperada en las prestaciones futuras ha puesto en tela de juicio la aceptabilidad social de las reformas”.

Así pues, según el FMI “hace falta un paquete de medidas en materia de pensiones que sea sostenible e integral para aliviar las tensiones que aquejan al sistema. Las recomendaciones del Pacto de Toledo consistentes en volver a vincular el aumento de las pensiones a un indicador del poder adquisitivo no deberían traducirse en medidas legislativas que no formen parte de un paquete integral. Un ajuste ad hoc de las prestaciones podría hacer peligrar la sostenibilidad financiera del sistema. Un aumento de tal magnitud en el gasto estructural ha de verse contrarrestado por otras medidas estructurales”.

Desde el FMI proponen, por ejemplo, “el incremento de la cotización mínima para los trabajadores autónomos y de los ingresos máximos sujetos a cotización, así como vincular directamente la edad legal de jubilación a la esperanza de vida. A menos que exista una correspondencia plena entre el aumento de ingresos y el gasto adicional previsto, no podrá evitarse una futura reducción de las pensiones, aunque sea moderada. Es necesario considerar las consecuencias distributivas de todas las medidas posibles. Adicionalmente, resulta esencial ser completamente transparentes en cuanto al efecto de los cambios en el sistema de pensiones, a fin de que los futuros jubilados puedan tomar decisiones informadas sobre su vida laboral y sus ahorros”, concluyen.