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El anuncio de la subida de las pensiones conforme al IPC real reaviva la actividad en el seno del Pacto de Toledo

Este movimiento ha generado un tsunami de reacciones, pero faltan 21 recomendaciones más que consensuar. Es necesario no perder de vista el objetivo: que las pensiones sean suficientes, pero garantizando la sostenibilidad futura del sistema

E. Vicente EM 15-10-2018

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A finales de septiembre, saltó la noticia. Por fin, casi todos los grupos parlamentarios (PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PDeCAT, PNV y Compromís) a excepción de ERC, acordaron la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los pensionistas a través de la “la revalorización anual de las pensiones en base al IPC real”.

Este preacuerdo, que debe ser ahora debatido por los agentes sociales y Gobierno y luego en el Congreso hasta alcanzar su visto bueno, era un movimiento muy esperado desde hace dos años. Fue, entonces, a mediados de noviembre de 2016, cuando la ministra de Empleo y Seguridad Social de aquel momento, Fátima Báñez, abrió el bloque de comparecencias para ver las prioridades de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo y para acordar las medidas que, con urgencia, se debían adoptar para restitutir el poder adquisitivo de los pensionistas, atajar el desequilibrio financiero del sistema público de pensiones y construir un modelo sostenible en un contexto de envejecimiento poblacional y de longevidad.

Durante meses, los interlocutores sociales –representantes de CC OO, UGT, CEOE y Cepyme– y diversos catedráticos y expertos en el modelo de pensiones fueron también llamados a comparecer en la Comisión del Pacto de Toledo, para poner encima de la mesa las posibilidades más recomendables para atajar el problema.

Y desde entonces, estábamos pendientes de los movimientos que pudieran producirse. En realidad, desde mucho antes. Desde que se creara el Pacto de Toledo en 1995, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social viera la luz en 2000, varias han sido las leyes y modificaciones aprobadas para adaptar el sistema público de pensiones a las demandas que la realidad demográfica y financiera ha ido imponiendo.

Las dos últimas reformas, del 2011 y 2013 (parcialmente desmontadas al quedar tumbado la revalorización obligatoria del 0,25% y al retrasarse la aplicación del factor de sostenibilidad, que suponía un recorte de las pensiones futuras), alejadas de la realidad social y con la hucha en números rojos y pendiente de agotarse el año próximo, hizo que saltasen las alarmas.

Por ello, desde principios de año, la sociedad empezó a reaccionar. Y sin duda, la letanía social ha sido el detonante de diversas mejoras este año. Estas mejoras, más allá de poner soluciones, han sido más bien parches para sortear las desavenencias con los votantes. Las profusas manifestaciones que este año los colectivos de pensionistas y sindicales han liderando, sacando a la ciudadanía en marea por las calles españolas, han generado una vuelta de tuerca en las decisiones políticas.

Con la moción de censura, lo que se suponía que era un anuncio inminente sobre los acuerdos del Pacto de Toledo se paralizó. Pero el nuevo Gobierno aseguró que mantendría su posicionamiento de mantener este tema en el candelero. Y empieza a parecer que es verdad con este preacuerdo. Este primer paso es, sin duda, muy importante, pero faltan salvar las 21 recomendaciones más que componen el pacto y que los más esperanzados aguardan que estén más o menos consensuadas para final de año. Y otros, a la luz de este texto genérico y algo contradictorio, creen que habrá que esperar algo más, con suerte hasta la primavera, con infortunio, hasta la llegada de un nuevo Gobierno.

SUFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD
En este debate tan polémico de las pensiones se entrecruzan dos asuntos de gran calado: la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad del sistema en el futuro. Quizás, llevados por la mezcla de ambos temas, se ha generado un cierto caos. Y es que la fumata blanca, en cuanto al preacuerdo de la revalorización de las pensiones conforme al IPC real, empezó a oscurecerse a las horas de hacerse pública.

La hermenéutica, es decir, ese arte de interpretar las palabras hizo su aparición. Ante visiones alarmistas, puesto que algunos expertos dicen que los números parece que no cuadran, las voces del Gobierno parece que empezaron a titubear en cada comparecencia. O tal vez, los dos grandes asuntos empezaron a solaparse. Por eso, con un texto ambiguo, eso es así, se empezó a poner en duda el anuncio y se interpretó que la subida del IPC fuese “en base a” y no “la real”, es decir, que se tuviese como referencia, pero no como indicador de facto.
Los hechos se sucedieron así.

Tras conocerse la noticia y ser ratificada por la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, defendió también la necesidad de que el sistema de protección social en España garantizara el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas a lo largo de toda su vida. Con motivo de la presentación del libro ‘Las pensiones en España’, editado por el Consejo General de Economistas, Granado afirmó que la revalorización de las pensiones debe realizarse de acuerdo al IPC. En este sentido, añadió que así se hará en 2018 y está previsto igualmente para 2019. Esta idea sigue la línea marcada por Valerio. La polémica surgió porque tanto Granado como la ministra de Economía, Nadia Calviño, hablaron abiertamente de la necesidad de tener en cuenta otros parámetros más allá del IPC. En concreto, el secretario de Estado de la Seguridad Social señaló que las pensiones se revalorizaran a partir de 2020 con un nuevo índice que debería estar vinculado a la marcha de la economía, a los ingresos del Estado, de las cotizaciones a la Seguridad Social y a los precios. La actualización, según dijo, no debería depender cada año de un solo indicador. Y matizó: “Las indexaciones a largo plazo siempre causan problemas, tienen efectos perversos”. A estas palabras se sumaron las de la ministra de Economía, que no ve claro que las pensiones se actualicen cada año teniendo en cuenta solo el IPC. En su opinión, hay que “tener en cuenta toda una serie de variables”, como la evolución demográfica, el empleo, el nivel salarial, el número de años de cotización y las características y la tasa de reposición de las pensiones.

Así pues, estas declaraciones, que parecen contradecir a Valerio, han generado confusión. Y aunque es innegable que el texto es interpretable, también lo es el debate. Porque, como decimos, se habla de dos cosas a la vez: la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Hay que marcar una hoja de ruta adaptada a la nueva realidad actual, pero sin olvidarse de la nueva realidad que llegará si atendemos al estallido que la generación del baby boom provocará con su jubilación. Hay escollos importantes hoy en día que impiden ver los obstáculos gravísimos que se ciernen en unos años. Y es que si el actual sistema de la Seguridad Social solo es viable para los próximos diez años, “se ha de conseguir establecer fuentes de financiación que posibiliten eliminar el déficit, estimado en 18.000 millones en 2017”, señalan desde Edad&Vida. Los expertos coinciden en que para alcanzar el equilibrio financiero hay que crear más empleo, mejores remuneraciones e introducir reformas que mejoren los ingresos del sistema y reduzcan los gastos.

EL FMI DESACONSEJA ESTA MEDIDA

Curiosamente, días después de conocerse la noticia, el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo públicas las conclusiones preliminares de la revisión anual de la economía española en 2018. En su informe, incluyen una seria advertencia sobre las pensiones en España y el acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo sobre esta subida directamente con el IPC. Advierten que tendría un “coste financiero insostenible e insoportable, que recaería sobre unas arcas muy debilitadas”. Así, sus cálculos son que con esta medida, el coste del sistema se disparará entre 30.000 y 40.000 millones hasta 2050. Y por ello, el informe señala que “un aumento de tal magnitud en el gasto estructural ha de verse contrarrestado por otras medidas estructurales”.

La jefa de la misión del FMI para España, Andrea Schaechter, explicó que “es crucial que cualquier reforma de pensiones encuentre un equilibrio con medidas que compensen los aumentos de gasto, porque de lo contrario se pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema”. Y pronostica que “a menos que exista una correspondencia plena entre el aumento de ingresos y el gasto adicional previsto, no podrá evitarse una futura reducción de las pensiones”.

Para algunas entidades, como la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, estas previsiones tan poco halagüeñas forman parte de un suma y sigue en cuanto a lo que el FMI es: una institución que sirve de excusa para que, con sus informes demoledores, los Gobiernos tengan carta blanca para imponer políticas socialmente regresivas.

Sea así o no, todas las consideraciones son importantes y habrá que confrontarlas para poder ver con claridad.

¿CÓMO SE COSTEARÁ?
La forma de financiar esta revalorización es otro cantar. Dando por hecho que la subida de las pensiones conforme al IPC va a ser una realidad, y ya que las cotizaciones no son suficientes a día de hoy para pagarlas, ¿cómo se hará? Sin presupuestos para el año próximo todavía y con una estricta hoja de ruta marcada por Bruselas, ¿cómo se podrá costear este incremento el año próximo?

Se abre para ello la puerta a recursos procedentes de los presupuestos o con la creación de impuestos ex profeso para garantizar el equilibrio financiero del sistema. Se está debatiendo la idea de impuesto a las transacciones financieras, de la tasa Google, del impuesto a la banca. En suma, se habla de incluir una serie de gravámenes en los presupuestos de 2019 que eleven la recaudación primero y el gasto después.

PARA CONCLUIR
Llegados a este punto y a falta de ver qué acuerdos se alcanzan sobre las 21 recomendaciones pendientes que deben ser atendidas en esta comisión, es conveniente ver qué significa cada paso, pensando en el presente, pero sin olvidar que una visión de Estado futurista debe sobrevolar en cada paso que se dé. Es hora de que las medidas políticas pongan unos cimientos seguros para que los pensionistas de hoy en día tengan suficiencia económica, pero sin dejar de lado la necesidad de garantizar una viabilidad futura de un sistema que en la actualidad parece herido de muerte.

>> Para el FMI, vincular las pensiones al IPC haría peligrar la sostenibilidad del sistema.

Algunas voces opinan sobre la posibilidad de asumir esta medida y la necesidad de hacer viable el sistema:
>> ¿Qué valoración hacen de este preacuerdo?
>> ¿Qué habría que hacer para que el sistema sea sostenible?
>> El presidente de Ceoma opina, para entremayores, sobre qué supone este acuerdo y qué habría que hacer para que el sistema sea sostenible.


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