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¿Qué está fallando en el sistema español de tutelas de incapacitación?

Casos como el de Afal Futuro y la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos (AMTA), investigados por presunta apropiación indebida del patrimonio de los sujetos bajo tutela y por la dejadez en sus cuidados, ponen en tela de juicio su estructura

Horacio R. Maseda 14-07-2014

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En los últimos meses se han puesto en tela de juicio las prácticas llevadas a cabo por algunas asociaciones dedicadas a la tutela de personas incapacitadas, así como al propio proceso judicial que otorga la representación legal de una persona y la tarea de control y la vigilancia pertinente para evitar los posibles abusos. 
Entidades privadas sin finalidad lucrativa como Afal Futuro, presidida por Blanca Clavijo, o públicas, como la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos (AMTA), están siendo investigadas por una presunta apropiación indebida del patrimonio de los sujetos bajo su tutela –en el caso de Afal–, y por una supuesta dejadez en el cuidado de los incapacitados y escasez de la información que se les proporciona a los familiares de los tutelados, por parte de la AMTA. ¿Qué está pasando con el sistema de tutelas de incapacitación en España? 
La tutela es una institución jurídica que tiene como objetivo la guarda y protección del incapacitado y de sus bienes. Cuando se declara incapacitado a un sujeto, este pasa a tener un tutor o representante legal que está obligado a velar por sus intereses en tareas tales como la procura de alimento, formación integral, así como promover su recuperación e informar al juez, anualmente, de su situación vital y administrativa. 
Cuando no existe un cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos de la persona incapaz, o estos no se ponen de acuerdo en cómo abordar la tutela, el Ministerio Fiscal puede proponer al juez una entidad no lucrativa para que se encargue de la tutela. 
Según Torcuato Recover, experto en la materia y coordinador de la Red de Juristas de Feaps, el primer error reside en unir los cuidados y la gestión económica en una misma persona jurídica. “Todas las entidades que constituyen la Asociación Española de Fundaciones Tutelares nacieron desde la convicción de que atender a una persona y, al mismo tiempo, desempeñar su tutela, es, cuando menos, una mala práctica ética”, asegura Recover, “porque el riesgo de actuaciones inadecuadas es mucho mayor. El tutor ha de tener la necesaria distancia, para poder desempeñar el control y cuidado que le corresponde”.
Según el coordinador de   Feaps, “las lamentables situaciones de desamparo que se producen cuando una persona con discapacidad o con un problema cognitivo no encuentra la atención y apoyo de su círculo familiar, están obligando a las comunidades autónomas a gestionar entidades de tutela”. El modelo es inadecuado porque “se desempeña una tutela poco menos que ‘virtual’ u ‘online’, en la distancia; sin otra gestión que la de controlar sus intereses económicos y sin acercarse a conocer los deseos y voluntades de la persona tutelada”, explica Recover.
La AMTA es una de estas entidades que gestiona la comunidad madrileña y que está recibiendo quejas de familiares descontentos con los cuidados que reciben los tutelados, como reconoce haber sido informada Soledad Becerril, Defensora del Pueblo, y la Asociación de Familiares Afectados por Entidades Tutelares (Aefet). “Desde la puesta en marcha de la asociación, han contactado con nosotros numerosos familiares de tutelados por parte de la AMTA para poner de manifiesto situaciones de abusos o desamparo”, aseguran desde Aefet.
Por su parte, Soledad Becerril asevera que ya han recomendado “a la Consejería de Asuntos Sociales que se refuercen los medios personales y materiales de la AMTA para que pueda cumplir mejor sus obligaciones de tutoría ya que, según nos informaron, con los medios que disponen actualmente es imposible asumir la protección personal y patrimonial de los tutelados en los plazos que marca la ley”. 
Otra de las sugerencias que ha propuesto la Defensora del Pueblo en casos concretos como los que se denuncian en la comunidad madrileña y que ha sido aceptada desde la Consejería, se refiere a las condiciones de internamiento de los incapacitados. “Hay que evitar restricciones en el régimen de visitas y las comunicaciones telefónicas y postales”, explica Becerril, ya que, además de las quejas referentes a la gestión patrimonial de los tutelados, los familiares denuncian la poca información que tienen o los impedimentos que les ponen para poder ver a los tutelados.
Movimientos sospechosos
Desde Aefet aseveran que la falta de control a estas entidades de tutelaje está propiciando “situaciones escabrosas” en las tutelas de algunos incapacitados. La asociación tiene constancia de, al menos, “diez casos documentados, la mayoría de importantes patrimonios”, que afectan a la asociación que preside Blanca Clavijo. “En estos casos, la familia ha estado muy pendiente de la situación familiar, lo que les ha llevado a observar irregularidades a pesar de la falta de información por parte de Afal Futuro”, explican desde Aefet.
El caso Afal, denunciado por Extraconfidencial.com ante la Fiscalía Anticorrupción y en el que más tarde ha seguido indagando el diario El País, ha sacado a la luz el presunto desvío de grandes capitales por parte de Afal hacia empresas vinculadas a su cúpula. T4 Technology for Living, por ejemplo, es una consultora que supuestamente habría utilizado Clavijo para cargar facturas a una tutelada con la enfermedad del Alzheimer en conceptos de consultoría inmobiliaria o de software. Otras empresas como KPMG, Abogados S.L. o Landwell Asociados también están siendo investigadas por presentar varias facturas a tutelados de Afal y por estar ligadas a Clavijo a través de su marido, Rafael Núñez, como socio de KPMG y trabajador de Landwell. 
Los familiares denunciantes aseguran que estas facturas son desvíos encubiertos que, junto con la venta de los inmuebles de algunos tutelados, habría incrementado el patrimonio inicial con el que se inició la fundación. De hecho, desde Aefet todavía no se explican cómo Afal ha pasado de un capital de 30.000 euros en 2006, a los 12 millones de euros que refleja en sus cuentas actualmente. “Resulta difícil de entender que, en la situación de crisis que atraviesa España y los grandes recortes en materia social, esta fundación haya podido tener un crecimiento tan importante en un periodo relativamente corto”, argumentan desde la asociación de afectados.
Al respecto, Blanca Clavijo negó a entremayores que eso fuese así: “basta con ver las cuentas de la fundación para desmontar esa idea. Tener un edificio valorado en una cantidad no quiere decir que tu patrimonio sea ese”. Según Clavijo, “Afal fue constituida con una aportación dotacional de 30.000 euros, que es lo que establece la ley. El patrimonio actual, tal y como se refleja en sus cuentas presentadas ante el Protectorado de la Comunidad Autónoma de Madrid y auditadas, cuenta como único activo, una residencia para personas mayores valorado en 12 millones de euros con un préstamo pendiente de 6 millones de euros”.
Herencias y control del proceso judicial
La Aefet sospecha también de una información aparecida en los medios en torno a “la presunta falsificación de un testamento, por parte de Afal Futuro, para poder establecerse como beneficiarios”. Aefet pone en relieve “una prueba pericial caligráfica -encargada por diario El País-” que demostraría que se falsificaron las firmas de la tutelada María Jesús Montero, con demencia y síndrome de diógenes, heredera del patrimonio de la fabricante de pianos Hijos de Montano. 
Por su parte, Blanca Clavijo se defiende de estas acusaciones con extrema cautela. “En estos momentos no podemos dar detalles fuera de sede judicial. Lo que si podemos decir es que a nosotros nos llega un testamento ológrafo y lo protocolizamos, eso es todo, no hay compromisos con nadie. La fundación Afal no ha recibido nada de ese testamento, que pasó un procedimiento judicial de adveración”, argumenta Clavijo, que también añade que “en este asunto intervienen personas que anteriormente se lucraron de esos tutelados, como por ejemplo, Pilar Palao, que nunca trabajó para Afal, a pesar de lo que dice, y que, después de vivir en casa de una tutelada sin pagar renta más de un año, tuvo que ser desahuciada por la propia fundación. Es ella la que vacía la casa de esta señora de los pianos. Cuando Afal pasa a hacerse cargo de la señora y entra en su domicilio, lo hace con un notario levantando acta de lo que había”, concluye la presidenta de Afal.
La tutora a la que se refiere Clavijo, Pilar Palao, asegura que trabajó cerca de cuatro años con enfermos bajo la tutela de Afal y que, tras alzar la voz en contra de la fundación, fue despedida por Clavijo.
También se encuentra en entredicho el proceso judicial por el que se conceden a las entidades las tutelas de los incapacitados. Llama la atención comprobar cómo las denuncias presentadas contra la AMTA y Afal futuro presentan una conexión personificada en la fiscal de Incapacidades de la Comunidad de Madrid, Nuria López Mora. El colectivo de Abogados contra la Corrupción ha solicitado la destitución de la fiscal “por su negligencia profesional continuada en los procesos civiles de incapacidad que hemos seguido en los juzgados de Madrid y donde se nombraba tutor a la AMTA”, explica Javier Fernández, colegiado de dicho colectivo que asegura llevar casos de personas tuteladas por la agencia madrileña, “y ello cuando cuentan con medios económicos y la asistencia de familiares. Todo esto oculta la gestión irregular de sus patrimonios inmobiliarios y económicos bajo el paraguas de una falsa tutela obtenida en un procedimiento judicial irregular que no garantiza los derechos de los tutelados adultos”.
A la pregunta de si se debería revisar el sistema por el cual son elegidas las entidades para ejercer la tutela, la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, respondió que primero “se debe exigir transparencia en las cuentas de estas fundaciones” y que, además, “sería interesante estudiar el motivo por el que en una entidad se produce un acaparamiento de personas con mucha fortuna y en otras, no”.
Algunos afectados y familiares de tutelados por Afal Futuro han denunciado públicamente una presunta relación entre la fiscal Nuria lópez Mora y Blanca Clavijo, motivo, esgrimen, por el que estaría recibiendo un trato de favor en las tutelas a grandes capitales. Algunos medios, como el diario El País, aseguran que López asesoró a Clavijo en algunos casos sobre tutelas, por una relación de amistad de varios años, proporcionando información confidencial a la fundación y recomendando a los jueces la idoneidad de Afal. 
Blanca Clavijo quiso dejar claro a entremayores que estas acusaciones son muy graves y rotundamente falsas. “Ni hay relación personal previa ni hay trato de favor. Mi relación con los jueces y fiscales es estrictamente profesional, como el de cualquier otra fundación tutelar o entidad que se dedique ayudar a personas con discapacidad”, afirma la presidenta de Afal.
Dentro de esta supuesta red de corrupción en torno a las tutelas, investigaciones como la del Extraconfidencial.com aseguran que también existieron cobros de comisiones por plaza a las residencias y, en caso de no existir ingreso residencial, a los cuidadores. Es decir, supuestamente Afal estaría cobrando por cada ingreso de sus tutelados a otras entidades a través de un sistema estructurado creado en verano de 2009. Todo esto aparece en los documentos que dice tener en su poder el diario y con el que la fundación habría incrementado su patrimonio en unos 350.000 euros anuales. El caso citado por Extraconfidencial.com relaciona a la fundación con la residencia Eulen Santo Domingo, con cobros de 100 euros mensuales por cada tutelado que ingresase en el centro. Aunque en un primer momento el gabinete de comunicación de Eulen accedió a responder nuestras preguntas sobre el caso Afal, finalmente, prefirieron no hacer ningún tipo de declaración al respecto hasta que no terminase la investigación.

Falta de medios, recortes y deficiencias en la vigilancia
La investigación puesta en marcha por parte de la Fiscalía en relación a los casos de Afal y la AMTA es un toque de atención en el sistema español de tutelas por incapacitación. Para Ana Lima no es debido a “un problema de falta de normativa o regulación, sino más bien una falta de medios para hacerlos cumplir”. Según la presidenta del Consejo General de Trabajo Social, “si el procedimiento deja un vacío, éste puede ser aprovechado para evitar la transparencia en cuanto a la administración del patrimonio de las personas tuteladas. Por tanto, se puede incumplir la normativa por falta de medios o burlarla por falta de concreción en las normas”, que también añade Lima, puede que no se estén dando las inspecciones pertinentes por “intereses ocultos”.
Otros factores que puede estar influyendo, sobre todo en supuestos en los que actúan entidades públicas como la AMTA, son “los recortes en políticas sociales que están afectando a todos los ámbitos de intervención”, asegura Lima. “Llevamos mucho tiempo diciendo que en cuestiones de derechos fundamentales no se puede recortar, luego cuando sale un caso a la luz, la ciudadanía se pregunta: ¿Cómo es posible que sucediera esto? No se trata de una cuestión puntual, sino de un proceso de debilitamiento de las instituciones públicas”, argumenta la presidenta del CGTS.
La falta de vigilancia y control de las entidades a la hora de rendir cuentas ante el juez es una de las causas más evidentes que están debilitando la actual estructura de tutelaje. Según Torcuato Recover, a pesar de que se hace un seguimiento anual, “desgraciadamente esta es una obligación que no siempre es exigida por los órganos judiciales y, en otros casos, se aplica con excesiva superficialidad”. El coordinador de Feaps entiende que se trata de un déficit de la práctica judicial. “La realidad es que, tanto el Ministerio Fiscal como el juez, ven este trámite como una cuestión menor y no examinan los documentos presentados con el preciso rigor, confiando en la buena fe de los tutores”, explica Recover.
En la misma línea, Miguel Ángel Cabra, director de Relaciones Sociales Internacionales y Planes Estratégicos de la Fundación Once y portavoz de la Comisión de Expertos de Legislación sobre Discapacidad, aporta una solución relacionada con una propuesta de reforma del procedimiento de modificación de la capacidad de obrar, entregada al Ministerio de Justicia en 2012. “El problema es que hoy tenemos un proceso de modificación de la capacidad aparentemente garantista, muy enfocado a la gestión del patrimonio del tutelado. El futuro está en darles la opción a las personas con discapacidad de usar su capacidad, y no que los inhabiliten totalmente”, señala Cabra.
Para ello, “la clave de este nuevo sistema viene dada por el propio texto de la Convención Internacional de Derechos de las personas con Discapacidad y reside en el concepto de ‘apoyos’. Así, una vez el juez haya escuchado a la persona con discapacidad”, el apoyo resultante sea el “estrictamente necesario para su adecuada protección, y cumpla con los requisitos de proporcionalidad y adecuación”, concluye el portavoz.




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