- Propuestas desde Comisiones Obreras. Julián Gutiérrez, secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CC OO, expone:
Desde nuestro sindicato para sostener el sistema público de pensiones proponemos:
- Destopar las bases máximas de cotizacion que se podian recaudar 8.000 millones de euros.
- Equiparación de las bases de cotización del Régimen General y del régimen trabajadores autónomos.
- Conversión de las reducciones, “tarifas planas”, etcétera en bonificaciones, que suponen 2.500 millones de euros.
- Asunción por parte del Estado de los gastos de administración de la Seguridad Social.
- Financiar las pensiones de muerte y supervivencia con impuestos que supone 23.000 millones de euros, sin cambiar el régimen jurídico de las pensiones de viudedad.
- Y poner medidas contra el fraude fiscal y la economía sumergida.
Estas medidas las llevaremos a la mesa del diálogo social, para que entre todos y todas consigamos un acuerdo que los pensionistas actuales y futuros lo estan esperando, pues siempre que se firmaron acuerdos en el Pacto de Toledo, la Seguridad Social fue bien, ese es el camino.


- Propuestas desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Victoria Portas, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, destaca:
La sostenibilidad de nuestro sistema no pasa por recortes ni por una única salida y de forma aislada. Nuestro sistema necesita llevar a cabo diferentes acciones para que a corto y medio plazo genere ingresos y así a largo plazo empiece a surtir efectos y, con ellos, a aumentar el ingreso. Algunas podrían ser vía cotizaciones y otras vía impuestos. En concreto: 
A) Vía cotizaciones:
- Aumento de los tipos de cotización, tanto de los trabajadores (actualmente en 4,7%) como de los empresarios (en 28,3%)
- Desaparición de las bonificaciones empresariales.
- Destopar las cotizaciones máximas: en 3.751,20 euros.
- Medidas de aumento del empleo con contratos estables mejores cotizacioones y liberación de recursos del Sepe por descenso en el paro.
- Aumento de los salarios reales permite aumentar las bases y los tipos de cotización, cancelación de las políticas de devaluación de los salarios.
- Refuerzo de la inspección laboral y fiscal: control de la economía sumergida.
- Cotización complementaria a la cotización básica dentro del sistema de Seguridad Social.
B) Vía impuestos: es necesario un sistema de financiación de la Seguridad Social complementario a las cotizaciones sociales, “impuestos” pero no un impuesto definido sino generales como se abonan otras partidas. España tiene una presión fiscal del 33,1%, Dinamarca 48,2%; esa diferencia es el margen que España tiene para subir los impuestos a las rentas más altas. Para ello proponemos: 
- Reasignación del gasto público.
- Control de la economía sumergida y de la evasión fiscal.
- Desaparición de las ventajas fiscales en los  planes de pensiones privados.
- Es imprescindible llevar a cabo una reforma fiscal.

- Rafael Doménech, director de Análisis Macroeconómico de BBVA Research:
La sostenibilidad es una condición absolutamente necesaria para garantizar la suficiencia. Es preciso anticiparse y diseñar mecanismos automáticos que aseguren la sostenibilidad de manera gradual, adoptando cuanto antes un sistema de reparto con cuentas individuales o nocionales. El sistema sigue siendo público, de reparto y progresivo (por la existencia de pensiones mínimas). Además, mejora la contributividad y transparencia (lo que hace que sea más sencillo y fácil de entender), elimina incertidumbres y ayuda a percibir las cotizaciones sociales como un ahorro y no como un impuesto, incentiva la creación de empleo y de la productividad, y la prolongación de la vida laboral. Todo ello redundaría en pensiones medias mayores a largo plazo aunque la tasa de prestación sea inferior.
Las pensiones mínimas deben garantizar la suficiencia y aumentar incluso por encima de la inflación si lo hace la renta per cápita media. Los complementos necesarios para alcanzar la pensión mínima deben financiarse con impuestos suficientemente amplios (IRPF o IVA) y detallarse con total transparencia, de manera que se ponga en valor la solidaridad existente y se diferencien las pensiones mínimas de aquellas enteramente contributivas.

- Portavoces de grupos parlamentarios del Pacto de Toledo:
En la mesa organizada con diversos portavoces de los grupos parlamentarios del Pacto de Toledo el debate giró en torno a la sostenibilidad del sistema. Pilar Marcos, portavoz del grupo Popular, aportó algunos datos relevantes para contextualizar esta necesidad. Señaló que “en 1900, cuando un español llegaba a los 65 años, su esperanza de vida eran 75. Hoy los que llegan a 65 esperan vivir hasta los 85 y en 2050 hasta los 90”. Prosiguió hablando de porcentajes y previsiones: “¿Cuántos somos mayores de 65 en relación a la población? En el 80, eran cuatro millones de personas (el 10,8% de la población total española). En 2030 será el 25,6% y en 2050, el 36,4%. Para 2022, por cada diez personas en edad de trabajar, habrá seis potencialmente inactivas. Estos datos animan a decir que la sostenibilidad es muy importante”, concluyó. Y como consecuencia de ello, Marcos anima al gremio del sector bancario a explicar modalidades de ahorro complementario pensando en la jubilación.
Por su parte, Carles Campuzano, portavoz del grupo Mixto, en ese sentido, ve “imprescindible que el ciudadano pueda conocer cuál es la pensión publica que va a cobrar. La famosa carta amarilla del Gobierno sueco es la inspiración. Eso permitiría al ciudadano decidir las formas de ahorro complementario para su jubilación”. Pero también incide en otro aspecto. Campuzano cree que “el reto del sistema de protección social es que ante las necesidades en la atención a mayores, fruto del baby boom y de la esperanza de vida, hemos de ser capaces de que el crecimiento económico y el esfuerzo fiscal de los próximos años no se destine solo a las necesidades de los mayores, sino a invertir en aquello que nos van a garantizar las pensiones, en la formación y educación de los jóvenes. Por supuesto que es necesario hacer un esfuerzo en garantizar el poder adquisitivo de los mayores de hoy. Estamos obligados. Pero o invertimos en los jóvenes o el sistema no va a funcionar”, puntualiza.