La Agenda 2030 reivindica un envejecimiento saludable, activo y digno que ponga en el centro los derechos de las personas mayores. Una aspiración que, en un contexto como el de España, con la mayor esperanza de vida de la Unión Europea y una población crecientemente envejecida, genera importantes retos en el ámbito de la protección social y de la atención a los cuidados que solo pueden ser respondidos desde el desarrollo y profundización de nuestro estado del bienestar para no dejar a nadie atrás. 

Este es el compromiso de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 9 de junio, tras un amplio proceso participativo que ha convocado a diversos actores de la sociedad civil y al conjunto de las Administraciones públicas en torno a una tarea común: hacer realidad los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 a través del impulso de una doble transición social y ecológica que profundice la garantía y protección de los derechos humanos de todas las personas y, particularmente, de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Ante ese objetivo, el sistema público de pensiones se ha revelado como una de las políticas públicas con mayor capacidad protectora y redistributiva. Prueba de ello es que el riesgo de padecer situaciones de pobreza y/o exclusión social es menor entre la población de 65 y más años que entre el conjunto de la población (un 20,5% frente al 26,4%). Una capacidad protectora que, sin duda, pasa por garantizar la capacidad adquisitiva de las y los pensionistas conjurando cualquier tentación de recurrir a recortes asociados al factor de sostenibilidad, y optando, como alternativa, por el refuerzo de los ingresos. En definitiva, garantizar la suficiencia y sostenibilidad de las pensiones, además de una obligación constitucional, es una de las prioridades que más nos acerca al cumplimiento de la Agenda 2030. 

El segundo gran reto es la transformación profunda de los cuidados de larga duración, aumentando la inversión pública, y promoviendo aquellos servicios que posibilitan una atención más centrada en la persona frente al actual modelo de atención residencial. Dicho de otra forma, se trata de garantizar que todos los mayores que así lo deseen puedan permanecer en sus casas el máximo tiempo posible recibiendo la atención necesaria para ello. 

Este cambio de modelo que ya está en marcha, tendrá efectos positivos en otros retos vinculados con el logro de la Agenda 2030. Porque invertir más en cuidados va a posibilitar también dignificar las condiciones laborales de quienes se dedican profesionalmente a esta tarea, generando empleo de calidad en la economía formal, aumentando los ingresos fiscales y las cotizaciones a la seguridad social, además de fijar población en territorios en riesgo de despoblación. Pero, además, va a contribuir a reducir la brecha de género, ya que las mujeres continúan asumiendo de forma desproporcionada la tarea de los cuidados en la esfera privada, lo que sin duda dificulta su acceso al mercado laboral y sus oportunidades de desarrollar su vida personal y profesional en condiciones de igualdad.