Con la perspectiva que nos da el tiempo, 2020 llega a su fin con numerosas lecciones aprendidas y, lo que es más importante, con los pilares puestos del trabajo que guiará al sector a lo largo del 2021.

Tal y como coinciden los profesionales con los que ha hablado entremayores en este reportaje: la Covid-19 irrumpió en los centros de mayores sin tener en cuenta su titularidad, ni su gestión, sin discriminar a las residencias por ser públicas o privadas. Simplemente, coincidieron un cúmulo de circunstancias que derivaron en situaciones complicadas y que ya se puede decir que marcarán la trayectoria que, a partir de ahora, debería condicionar la atención a la dependencia en España.

Pero, en primer término, es indispensable entender, con sus propios testimonios, qué ocurrió durante el estallido de la pandemia, cómo lo vivieron y, sobre todo, si consideran que la gestión de las Administraciones, en esta segunda ola de contagios, dista mucho de la realizada el pasado mes de marzo. 

Jesús Cubero, secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), destaca que, en una pandemia como esta, “todos aprendemos de los errores cometidos. Afortunadamente, ahora contamos con la experiencia de la primera ola, con la colaboración de Sanidad, con EPIs para todos profesionales y residentes y, algo que ha resultado definitivo en la lucha contra la pandemia: contamos con facilidad para realizar test en los casos de sospecha Covid”. 

Por su parte, Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), valora que entre principios de año y ahora se observan “claras diferencias en el abordaje en todas las áreas de la población y, también, en lo que refiere a las residencias de mayores”. Hoy, dice, “somos más ágiles en la gestión de las pruebas de cribado, en la comunicación, en el tránsito de pacientes y con ello, nuestros mayores y su salud, salen beneficiados. No hemos mejorado en una cosa, sin duda fruto del descentralismo, las instrucciones en cuanto al abordaje de un posible brote que parecen, en muchos casos, fruto de improvisación, generando confusión. No obstante, insisto que hemos avanzado, aunque no todo lo que deberíamos y por ello, los centros de mayores, a través de sus representantes, debemos continuar siendo una parte fundamental en la toma de decisiones para que se ajusten a la realidad de este sector”.

“Está claro que el contagio de coronavirus ha afectado a los centros en la segunda ola, aunque no tiene nada que ver con la primera parte de la pandemia”, opina Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps). Pero, añade, “tenemos claro que la única solución para prevenir el contagio por coronavirus en las residencias es el cribado de sus profesionales y es lo que estamos pidiendo a las Administraciones.  Es un tema de salud pública y hay mucho en juego. Por ejemplo, pedimos las pruebas de antígenos tienen un coste muy inferior al de las PCR –4,5 euros frente a 60 o 70 euros aproximadamente– y permite realizar un primer cribado rápido y periódico a personas usuarias y profesionales”. 

Además, Pascual explica que el sector está teniendo dificultades para asumir el coste de las plazas vacías que las consejerías de Sanidad obligan a mantener para garantizar los aislamientos. “En toda Europa esas plazas las paga la Administración y aquí hay muy pocas comunidades que lo están haciendo. Es un coste altísimo que estamos asumiendo solos en la mayor parte de los casos”, denuncia la presidenta de Ceaps. “Sigue sorprendiéndonos es que tanto Salvador Illa como el vicepresidente Pablo Iglesias sigan desatendiendo las peticiones del sector. Anuncian planes sin contar con nuestra opinión y experiencia y tenemos mucho que sumar y aportar”, añade.

Ese punto que introduce la presidenta del Ceaps en el debate, el de la falta de transparencia y de una comunicación coordinada entre las partes implicadas es uno de los detonantes que alude el sector para referirse a lo sucedido en las residencias.

Es decir, los profesionales aluden a que, añadido a lo incierto que ya de por sí trajo el coronavirus, los mensajes emitidos desde Gobiernos centrales y autonómicos resultaban, en ocasiones, contradictorios, por lo que las actuaciones para hacer frente al virus terminaron siendo improvisadas. Una palabra sale a la luz en este punto del debate: el desconocimiento. El desconocimiento de qué son en realidad los centros de mayores y que los representantes del sector señalan como uno de los detonantes de las acusaciones a las que fueron sometidos.  

Lo explica Fernández-Cid cuando expresa que “la sociedad debe conocer cuáles son nuestras obligaciones como centros sociales, como prolongación de su domicilio y, desde ahí, juzgar si hemos cumplido con nuestras obligaciones. La sociedad debe saber que cuando uno de nuestros residentes tiene una infección grave o cualquier otro problema de salud grave la responsabilidad es de sanidad, quien debe disponer de los medios adecuados para tratarlos en hospitales de agudos o de infecciosos o de media estancia”.

Desde el tercer sector, representado en este reportaje en la voz de Lares, también coinciden en esta misma idea. Así, el presidente de la federación, Juan Ignacio Vela, hace hincapié en que “debemos explicar qué es una residencia y cómo funciona. Es curioso que llevamos diez meses hablando, en todos los sitios, todo el rato, de centros de mayores, pero ni los medios de comunicación, ni la opinión pública conoce qué es y cómo funciona una residencia. Peor aún, ni las propias Administraciones públicas lo conocen”. 

“No queremos seguir mirando hacia atrás. Queremos construir y seguir trabajando por y para las personas usuarias. Los profesionales no han tenido la protección suficiente para combatir la Covid-19 y han causado el triple de bajas porcentuales que los profesionales del sector sanitario”, asegura Cinta Pascual. “Esto ha provocado que las residencias tuvieran que afrontar la crisis con muy poco personal. No queremos que eso se repita y por ello pedimos todas las medidas a disposición del Gobierno y que los priorice”, añade. 

Por su parte, Cubero destaca que las residencias cumplieron “escrupulosamente con los protocolos que se iban dictando en cada momento por parte de las comunidades autónomas y del Gobierno. El personal de los centros luchó con uñas y dientes con los medios de que disponían para proporcionar los mejores cuidados a las personas mayores”. Y añade que, ante un colapso del sistema sanitario, como el que se produjo, “las residencias actuamos como segunda línea de batalla, ofreciendo los mejores cuidados que fuimos capaces, y siempre bajo las directrices de la normativa legal vigente. En esta segunda ola, Sanidad se ha dado cuenta de que somos la clave para evitar un colapso del sistema sanitario, y por ello ahora se nos ha dado la prioridad necesaria”.

Analizada la situación vivida en los centros, y su sentir frente a la pandemia, los representantes del sector tienen claro que es momento de trabajar y exigir medidas para garantizar la estabilidad y protección de la atención a la dependencia en España.

Desde la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia se muestran contundentes con una de las demandas que, con mayor urgencia, es necesario atender, y esta es la ratio de profesionales, un elemento que marca una gran diferencia entre comunidades autónomas y, en consecuencia, como explica Cubero, “genera diversas calidades de atención”. El secretario general de Aeste comenta que “las diferencias de financiación del sistema de atención residencial y las diferencias en la gestión sanitaria es uno de los principales problemas que afronta España”. Al fin y al cabo, continúa, “los derechos de una persona mayor no pueden depender del código postal en el que resida. Más que un problema de ratios, hay un problema de inequidad para los ciudadanos, en el que la atención a las personas mayores depende de la voluntad política de los Gobiernos de cada comunidad autónoma, y eso es algo que debemos abordar de forma inmediata”. 

Apunta el presidente de la FED, en una línea similar, que “la ratio de personal que tenemos es mejorable, como en todo. Pero, en circunstancias ordinarias, es razonable. Debemos trabajar para mejorar las ratios, los salarios y los precios que la Administración paga por los servicios que prestamos. Es un sector que hay que proteger y potenciar, no solo porque trabaja para dar calidad a nuestros mayores, sino porque crea empleo intensivo y no deslocalizable”, concluye Fernández-Cid. 

En otras palabras, desde Ceaps apuestan por dignificar el sector, primero dotando a los profesionales que ya están trabajando de mejores condiciones y, en segundo lugar, dotando de criterios comunes en todo el territorio, y también aumentando la ratio. “Para eso es necesaria financiación pública,  ya que el 70% de las plazas lo son. Y creemos que estamos a tiempo de trabajar encontrar soluciones que no queden en el hoy”, declara Cinta Pascual. 

La estrategia de Lares, asimismo, pasa por potenciar la profesionalización del sector: “La formación de nuestros profesionales es clave. Constantemente, estamos reivindicando la mejor cualificación de quienes cuidan, tanto en residencias como a domicilio o el ámbito comunitario. Por supuesto, debemos exigir mejores condiciones laborales y económicas para un sector muy feminizado”, expresa Vela.

Lo que es cierto, en cualquier caso, es que mejorar las ratios y la remuneración de los profesionales exige, en primer término, una mejor financiación de las plazas por parte de las Administraciones públicas. 

“En los PGE han destinado 600 millones del presupuesto a dependencia. Haría falta el doble para poder atender las demandas que ahora mismo requiere el sector”, sentencia Pascual. 

“El anuncio de destinar 600 millones de euros a la dependencia es claramente insuficiente. Hay más de 270.000 personas en lista de espera”, opina Fernández-Cid.

“A nuestro juicio, resulta insuficiente y además no ha tenido en cuenta la situación real de la que partimos. Se trata de un incremento que apunta a mejorar partidas presupuestarias que amplíen el número de personas atendidas, pero este presupuesto debe ser invertido en la mejora real de las condiciones de los servicios actuales. Actualmente, nuestro sistema ya es un sistema con una clara infrafinanciación, luego si se continúa trabajando en una inversión que únicamente contemple una ampliación del número de personas atendidas, únicamente se estará incrementando el problema”, explica Cubero.

La valoración del sector, y a la luz de sus declaraciones, es unánime.

Son evidentes los baches que este año han llenado el camino de la atención a la dependencia en España, y de tantos otros sectores indispensables para mantener nuestro Estado de Bienestar, pero es el momento de sumar esfuerzos. Los centros residenciales, la ayuda a domicilio, las estancias diurnas y los cuidadores son una pieza indispensable del engranaje que garantizar la cobertura de atención que los mayores necesitan y, por tanto, no es momento de cuestionarse su función, sino de mostrarles apoyo. 

“Hoy en día las residencias son lugares seguros para las personas mayores y según los propios estudios del Gobierno, el lugar más seguro para los mayores hoy en día, son las residencias, con mayor seguridad que sus propios hogares”, se muestra contundente Jesús Cubero.

“Tenemos los protocolos más seguros, pero nadie está a salvo en ningún sitio, y es cierto que la menor presión hospitalaria nos permite enviar a los casos más graves al hospital, algo que no podíamos hacer en la primera oleada. Somos hogares, y no hospitales. Las personas encuentran en sus centro residenciales el marco perfecto para la socialización y el cuidado digno y humanizante. No es que estén como en casa, es que están en su casa con la mejor atención, durante las 24 horas”, apunta, por su parte Juan Ignacio Vela. 

Cinta Pascual, asimismo, insiste en que desde el sector “siempre vamos un paso más allá, y por ello pedimos que las residencias fuésemos las primeras en recibir las vacunas porque en la atención a las personas mayores, tanto en residencias, como centros de día o servicios de ayuda a domicilio no existe distancia social, y se requieren garantías de las Administraciones para desempeñar nuestro trabajo con todos los recursos que tienen a su disposición y que pasan por ser los primeros en ser vacunados”. En este sentido, y a la luz del anuncio realizado por el Gobierno conforme a la puesta en marcha de la Estrategia de Vacunación, la presidenta de Ceaps añade que “más que palabras, necesitamos criterios objetivos y compartidos para todas las regiones y que se cuente con el sector para llevarlo a cabo”.

Tendremos que esperar para comprobar si, esta vez, se pasa de las promesas políticas a los hechos.