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José Antonio Herce / Doctor en Economía y consultor y socio fundador de LoRIS

'La Seguridad Social está exhausta, lleva décadas arreglando los desaguisados del mercado de trabajo y la precariedad'

José Antonio Herce explica a entremayores la situación actual de la problemática de las pensiones, tras reabrirse las negocioaciones del Pacto de Toledo y en un contexto de crisis económica y sanitaria sin precedentes

12-10-2020

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Pregunta.- Usted estima que, debido a la crisis sanitaria, a finales del año, el déficit de la Seguridad Social se podría duplicar hasta los 40.000 millones. ¿De qué manera afectará la pandemia a la sostenibilidad del sistema de pensiones?

Respuesta.- La pandemia va a tener un efecto permanente sobre las cuentas financieras de la Seguridad Social. Los escasos ahorros que han supuesto el retraso de la jubilación de muchos trabajadores y la terrible incidencia de la Covid-19 por el fallecimiento prematuro de muchos pensionistas van a absorberse rápidamente. Pero el impacto de la crisis económica causada por las medidas de confinamiento va a notarse muy fuertemente en los próximos años, a causa del aumento del desempleo y las lagunas de cotización de muchos trabajadores en estos años, y de manera más duradera, pero progresivamente mitigada, durante los siguientes lustros, en forma de menores salarios de los trabajadores respecto a los que se hubieran dado en ausencia de la pandemia.

P.- Sin embargo, el ministro José Luis Escrivá dice que el objetivo es dejarla a cero al final de la presente legislatura. ¿Lo ve factible?

R.- No creo que sea realista, contando además con el panorama de deuda que se avecina, que se pueda estabilizar el sistema en lo que queda de legislatura. Antes de la Covid-19 ya era difícil y se contemplaban medidas extraordinarias para lograrlo. En estos momentos, esas medidas, que pasan a ser aún más extraordinarias por la situación económica de hogares y empresas, no bastarían y su escalada (subidas reforzadas de impuestos) sería muy impopulares. Siempre podrán alcanzarse objetivos intermedios, pero la ambición inicial queda ahora limitada.

P.- En una entrevista reciente para RNE habla de tomar decisiones “rápidas, de raíz profunda y no convencionales” para detener el déficit. ¿Cuáles son esas medidas extraordinarias de largo alcance?

R.- Justamente, la forma de estabilizar el sistema público de pensiones en esta situación es hacerlo mirando al futuro. La rapidez con la que hay que actuar es obvia si se trata de estabilizar el sistema en el corto y medio plazo, pero es aún más perentoria si se trata de medidas que, por su naturaleza, tardarán tiempo en surtir efectos. En el primer caso, además de allegar recursos presupuestarios extraordinarios para afrontar el pago de los “gastos impropios” que se quieren trasladar a los impuestos generales, habría que invocar el concurso de los propios pensionistas. Sus rentas, muchas muy bajas, pero muchas más bien por encima de las de muchos trabajadores, no han sufrido nada por esta pandemia, mientras que millones de asalariados, autónomos y empresarios han perdido sus empleos, sus ingresos y sus empresas. Deberían contribuir durante un tiempo al esfuerzo necesario.

P.- Desde UGT, una las propuestas para solucionar el problema de ingresos de la Seguridad Social que proponen es que no sean solo las cotizaciones sociales las encargadas de financiar el sistema, sino que también vía impuestos. ¿Qué le parece esta propuesta?

R.- Ya he comentado antes que no veo por qué los pensionistas no pueden contribuir, siquiera transitoriamente, a paliar los efectos de un tsunami económico que está cayendo sobre las espaldas de los asalariados, autónomos y empresarios (en España hay tres millones de empresas, no solo las 35 del IBEX). Es obvio que las cotizaciones sociales ya no pueden financiar las pensiones, que su déficit puede estimarse en 20 millardos de euros antes de la pandemia, y en bastantes más después. La Seguridad Social acabará este 2020 con una deuda acumulada de 100 millardos de euros, eso será a 31 de diciembre casi el 10% del PIB español. Nos guste o no nos guste, los impuestos generales de las generaciones presentes y futuras van a tener que hacerse cargo de este déficit y de muchos más, porque la deuda solo se paga con impuestos. Creo que cualquier sistema de gasto público debe ser sostenible porque, lo que no lo es, es no ponerle freno al gasto y tirar de los impuestos (o cotizaciones, da lo mismo) sin límite. No me parece una propuesta sin consecuencias que un buen gestor de los recursos público haría sin pensársela dos veces.

P.- Una medida polémica es el Factor de Sostenibildidad (FS), con la que varios movimientos de pensionistas no están de acuerdo por la devaluación que supone (estiman que bajarían en torno a un 18% durante los años de jubilación). ¿Qué opina del FS?

R.- El Factor de Sostenibilidad existe con una formulación muy parecida en muchos países avanzados a los que queremos parecernos. Es algo estándar. Su impacto puede llegar a ser ese en el largo plazo, porque en los primeros años de aplicación sería bastante menos dañino que las penalizaciones por jubilación anticipada. Pero, y esto es muy importante, solo sería dañino sobre el importe mensual, no sobre la pensión acumulada durante todos los años de jubilación por la sencilla razón de que se vive cada vez más. Una buena manera de contrarrestar el impacto sobre la pensión mensual (no la acumulada del ciclo de jubilación) sería retrasar la jubilación a medida que aumenta la esperanza de vida. De hecho, en ausencia de esta medida, el FS es la única manera de contener el aumento del gasto que suponen vidas más largas.

P.- Escrivá cree que el aumento de la edad efectiva de jubilación para acercarla a la edad legal es una medida con un “impacto económico relevante” y plantea la necesidad de incentivar la demora en la jubilación. ¿Qué opina al respecto?

R.- Lo es, sin duda alguna. Todos los estudios nacionales e internacionales muestran que si hubiera que elegir alguna medida verdaderamente eficaz para preservar la Seguridad Social sería esta la elegida. Naturalmente, siempre se podrían duplicar a largo plazo los tipos de cotización, pero sabemos que eso es imposible. Lo que sucede es que, si esta medida es eficaz, dejaría de serlo si la edad legal se queda donde está. Una vez alcanzada la convergencia entre la edad efectiva y la edad legal, esta última debería seguir avanzando a un ritmo cuidadosamente calculado. Hay países que están ya fijando en sus normas futuras la “indiciación” de la edad legal de jubilación a la esperanza de vida de manera automática. Lo interesante de esto es que si la esperanza de vida disminuye estructuralmente, entonces la edad de jubilación también. Esta simetría es muy importante en este tipo de mecanismos automáticos.

P.- Uno de los problemas que se vislumbra en el horizonte es que, hoy, una pensión media es superior al salario medio de los trabajadores jóvenes (menores de 40 años). ¿Se puede arreglar el sistema si no se aumenta primero la calidad del empleo?

R.- Este hecho es gravísimo y si fuese una especie de “bola de cristal” deberíamos estar temblando. Ahora mismo, es el hecho previsional que más debería preocuparnos y contra el que no caben medias tintas. La Seguridad Social está exhausta. Lleva décadas arreglando los desaguisados que le llegan del mercado de trabajo, la precariedad y las diferencias de género. No puede hacerlo todo. En efecto, el mercado de trabajo está produciendo una precarización del empleo y los salarios muy elevada y esto se trasladará a las pensiones futuras, desgraciadamente. Esto es así porque se invierte poco y mal en las fuentes del avance de la productividad (la I+D y la innovación), o en el capital humano de los trabajadores o en la función empresarial. Lo que sucede en el mercado de trabajo, además, por si los anteriores factores no fuesen suficientes, trae causa también del fracaso de la educación en nuestro país. Los trabajadores deberían rebelarse contra esto, sus hijos no van a poder ascender socialmente porque, entre el abandono escolar, la pobre calidad de los resultados de PISA y la tendencia a políticas educativas cada vez más permisivos con el “aprendizaje sin esfuerzo”, o el descuido de la formación profesional y la formación continua, están asistiendo a la degradación de las aspiraciones de movilidad social de sus hijos.

P.- La siguiente pregunta entonces sería: ¿Cómo aumentamos la calidad del empleo?

R.- Todo está ligado a la productividad y creo que no entendemos bien este nexo. Sin avance de la productividad (y en España no sabemos lo que es eso desde hace décadas) no hay generación de Valor Añadido a la altura de nuestras aspiraciones. Cuando, además, desatendemos las tendencias de fondo en materia productiva, tecnológica y corporativa, en un marco de globalización, por un lado, y descuidamos la educación y la formación de los trabajadores, por otro, el resultado es una tenaza que aprieta con los dos brazos. Perdemos competitividad, las empresas se vuelven menos rentables y los empleos menos estables y remuneradores. La lucha por el valor añadido se agudiza y cunde la sensación de que una especie de conspiración contra los trabajadores se ha instalado en el sistema. Las crisis no ayudan y, tanto la financiera como la de la Covid-19, están pasando terribles facturas a los trabajadores. Hay que invertir mucho más en capital humano, redistribuyendo el conocimiento, pero esto es más difícil que redistribuir la renta porque requiere el esfuerzo activo y consciente de los potenciales beneficiarios…desde la escuela. Ocho reformas educativas, a cual más desorientada, cuyo reflejo es un monstruoso abandono escolar temprano, tampoco ayudan.

P.- Otro desafío del sistema es la jubilación inminente y masiva de la generación del Baby Boom, dentro de algo más de una década. ¿Cómo observa este frente?

R.- El “desfase” de los nacimientos es característico de las transiciones demográficas y todos los países han vivido fenómenos de este tipo. Los baby boomer se están jubilando ya en masa en los EE UU, por ejemplo y, aunque se es muy consciente de ello en este país, su sistema de Seguridad Social se ha venido preparando para “surfear” esta ola desde hace lustros. España está ya registrando, en efecto, el tránsito a la jubilación de estas cohortes nacidas entre 1955 y 1975 y en una década habrán pasado a la jubilación la mitad de sus efectivos, puede que más de unos cinco millones de personas. Dada la naturaleza del método financiero de nuestro sistema de pensiones, el reparto, y los desarrollos previsibles del mercado de trabajo en los próximos años, más bien magros, tendremos un grave problema de insuficiencia financiera que no tendríamos de haber constituido nuestros derechos a pensión mediante un método de capitalización directo o nocional (como en Suecia). La principal solución radicará en el retraso efectivo de la edad de jubilación y la movilización de los ahorros (inmobiliarios básicamente) acumulados por estas cohortes. La financiación exclusivamente mediante cotizaciones sociales o impuestos exigiría aumentos de los tipos de cotización o impositivos desproporcionados que recaerían sobre las espaldas de una amplísima base de contribuyentes. El uso de impuestos selectivos sobre grupos sociales reducidos o el destope de bases de cotización sin un aumento de los derechos previsionales de los afectados sería de tal magnitud que habría que calificarlo de confiscatorio. Va a ser un tránsito muy problemático, para el que no tenemos preparado a nuestro sistema todavía.



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