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Francisco Miguel Fernández Marugán / Defensor del Pueblo (E.F.) y Adjunto Primero

'Aunque la recesión puede darse por finalizada, la recuperación no está llegando por igual a todos los bolsillos'

Fernández Marugán se siente afortunado por liderar un órgano que trabaja en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Recién presentado el Informe Anual de 2017, repasa para entremayores las quejas que más inquietan a la sociedad española

Emma Vicente EM 14-05-2018

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A punto de cumplir un año como Defensor del Pueblo en Funciones, y tras presentar el Informe Anual de 2017, Francisco Miguel Fernández Marugán charla, para entremayores, acerca de sus impresiones sobre los asuntos que tienen en vilo a los españoles. Como destaca, 'los ciudadanos nos han hecho llegar, a través de sus quejas, su preocupación por el funcionamiento de algunos servicios públicos o sobre la desigualdad que ha generado la crisis y que ha convertido a la sociedad en más injusta'. Por ello, en su opinión, 'ahora que la economía se encuentra en un claro proceso de recuperación, se abre una oportunidad para revisar el funcionamiento de las políticas sociales', destaca. Es por este motivo que 'las Administraciones tienen que esforzarse en mejorar la vida de colectivos que todavía no alcanzan a cubrir con dignidad sus necesidades básicas', puntualiza Fernández Marugán

Pregunta.- Lleva desde julio de 2017 en un puesto en el que está en funciones hasta que las Cortes Generales decidan la persona que deba asumir estas responsabilidades. En este tiempo, ¿cuál es su balance personal y profesional hasta el momento?

Respuesta.- El balance es muy bueno. Tengo clara mi vocación de servicio público y el Defensor del Pueblo es uno de los mejores lugares para trabajar por los derechos fundamentales y por los derechos económicos y sociales de los ciudadanos. Nuestros informes anuales tienen el valor de constituir un instrumento para conocer cuáles son los problemas que los ciudadanos manifiestan padecer y cuáles son las carencias en la actuación de nuestros poderes públicos que estiman deben ser prioritariamente atendidas.

P.- Acaba de presentar el Informe Anual de 2017. ¿Qué quejas le han llegado en este tiempo que más le han llamado la atención?

R.- Los ciudadanos nos han hecho llegar a través de sus quejas su preocupación por el funcionamiento de algunos servicios públicos o sobre la desigualdad que ha generado la crisis y que ha convertido a la sociedad en más injusta. Desde el Defensor del Pueblo nos preocupan también asuntos como la lentitud de la justicia, la situación de la sanidad, el acceso a la dependencia o cómo afrontar el reto de atender a una población cada vez más envejecida.

P.- ¿Cuál es el procedimiento para que los ciudadanos accedan a los servicios que ofrece esta institución?

R.- Cualquier ciudadano, español o extranjero, independientemente de su edad o de su situación legal en España, puede acudir al Defensor del Pueblo. Y además, puede hacerlo sin coste alguno, porque dirigirse al Defensor del Pueblo es gratuito y no se necesita ni abogado ni procurador. Residir fuera de España, estar incapacitado legalmente o estar internado en un centro penitenciario o de reclusión tampoco son impedimentos para dirigirse al Defensor del Pueblo. También puede presentar una queja una asociación o cualquier otra persona jurídica. Las personas que nos necesiten deben enviarnos un escrito –una queja– donde cuenten brevemente su caso y adjunten la documentación relacionada. Las quejas se pueden presentar por Internet, correo postal, fax o personalmente, en nuestro servicio de atención al ciudadano. Basta con que nos expliquen lo mejor que puedan qué les ocurre. Si necesitamos más información ya nos pondremos en contacto con ellos por correo o incluso llamándolos por teléfono. Por eso es muy importante que nos faciliten cuando más datos de contacto mejor.

P.- ¿Cuáles son los límites del campo de actuación de este órgano?

R.- No podemos actuar si no ha existido intervención de las Administraciones Públicas o cuando se trata de conflictos entre particulares o con empresas privadas que no sean agentes de la administración. Tampoco podemos intervenir si ha pasado más de un año desde el momento en que se haya tenido conocimiento de los hechos objeto de la queja o cuando lo que se plantea es disconformidad con el contenido de una resolución judicial o el caso está judicializado.

P.- El año pasado iniciaron una actuación de oficio con todas las comunidades –incluidas Ceuta y Melilla– para examinar las características y dotación de las residencias de mayores. ¿Hay ya algún avance al respecto?

R.- Sí, mantenemos abierta una actuación de oficio con todas las comunidades y ciudades autónomas para examinar las características y dotación de las residencias de mayores y detectar las dificultades existentes para que estos ciudadanos accedan a servicios adecuados a sus necesidades. En estos momentos estamos analizando la información remitida por las diferentes administraciones. Esta actuación se ha basado en las numerosas quejas que hemos recibido por parte de familiares y usuarios de residencias públicas y privadas en las que ponen de manifiesto, con distintos planteamientos, la pérdida de calidad en la atención a los mayores. Muchas de ellas mencionan escasez de personal y medios para ofrecer una atención adecuada a personas mayores con un grado de dependencia cada día más elevado. El progresivo envejecimiento de la población y la aplicación de la Ley de Dependencia hacen que los recursos residenciales existentes, elemento fundamental en la atención a las personas mayores, deban atender a una población que requiere cada día más apoyos y atención, por lo que los centros y su personal necesitan adaptarse a las nuevas necesidades estructurales y de carga de trabajo.

P.- La crisis ha dificultado cumplir con el calendario previsto para el desarrollo de la Ley de Dependencia...

R.- Aunque la Ley de Dependencia ha cumplido ya once años, la crisis económica y las medidas adoptadas frente a la grave situación financiera y presupuestaria de las Administraciones Públicas han dificultado su implantación. Las quejas que recibimos giran en su mayoría alrededor de la demora en la tramitación de los expedientes y a la materialización de las prestaciones reconocidas. Hemos enviado a las administraciones numerosos recordatorios de deberes legales de resolver en forma y plazo los procedimientos administrativos y de consignar crédito suficiente para atender a las personas beneficiarias. En nuestra opinión, es necesario mejorar el sistema de financiación actual y garantizar la incorporación de las personas en espera. También hay que lograr la recuperación y sostenibilidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y que los esfuerzos financieros de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas sean equivalentes.

P.- En cuanto a las masivas manifestaciones por las pensiones, ¿es un asunto que desde su institución se esté observando?

R.- Por supuesto. Ignorar la marcha de los precios a la hora de alcanzar un nuevo mecanismo de revalorización anual de las pensiones ocasiona incertidumbre e inseguridad. Los pensionistas han sido el único sostén que han tenido muchas familias en los tiempos más duros de la crisis, por lo que ahora, en recuperación, quieren reclamar lo suyo. Han dejado de estar debajo de la mesa y dicen ¿qué hay de lo mío? Creo que es necesario garantizar la solvencia y sostenibilidad del sistema público de pensiones, así como la suficiencia económica de los actuales pensionistas y de los futuros. No obstante, cualquier reforma del sistema, y en especial de su financiación, ha de llevarse a cabo en el marco del Pacto de Toledo con el mayor nivel de consenso posible.

P.- ¿Qué porcentaje de personas mayores recurren a este departamento?

R.- No tenemos desglosado ese dato. Cuando alguien se dirige a la institución no le pedimos que especifique su edad. En cualquier caso, a las personas mayores les afectan las mismas cuestiones que a cualquier ciudadano, si bien algunas de ellas con especial intensidad o urgencia. En el Defensor del Pueblo trabajamos a diario con asuntos como las pensiones, la atención a la salud, planes de cuidados, situación de dependencia, garantía de los derechos en centros residenciales, protocolos y buenas prácticas para promover los centros libres de sujeciones y políticas de prevención de la violencia contra los mayores.

P.- Sobre las recomendaciones del Defensor del Pueblo. ¿Cree que se aprovechan suficientemente las conclusiones a las que llegan a la hora de tomar decisiones políticas consecuentes?

R.- Creo que nuestras recomendaciones y sugerencias son atendidas razonablemente bien por las Administraciones. No obstante, cuando consideramos que un asunto tiene especial relevancia para los ciudadanos y a pesar de ello nuestras resoluciones no son aceptadas, insistimos y volvemos a trasladar nuestro criterio. Es, por ejemplo, lo que hemos hecho con el copago farmacéutico. Tras su introducción en 2012 realizamos una serie de recomendaciones que acabamos de reiterar a finales del año pasado, actualizando su contenido en función de la experiencia recogida a lo largo de este tiempo. Así, hemos pedido al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que modifique la Ley del Medicamento para ampliar la protección de los colectivos más vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan. Una reciente contestación de febrero de 2018, elaborada por la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, aunque no por la titular ministerial, parece admitir la posibilidad de revisar los tramos de renta y de estudiar un posible umbral mínimo de exención, pero sin fijar compromisos. También plantea realizar un estudio de impacto del copago sobre el gasto farmacéutico, sin referencia a los riesgos asociados a la calidad de la prestación, como la pérdida de adherencia a tratamientos farmacológicos.

P.- ¿Cuáles son los asuntos, en material social, que centran su agenda en este momento?

R.- Las quejas que llegan a la Institución muestran que, a pesar de que la recesión puede darse por finalizada, la recuperación no está llegando por igual a los bolsillos de los españoles y son muchos los ciudadanos que necesitan que el Estado les apoye. Ahora que la economía se encuentra en un claro proceso de recuperación, se abre una oportunidad para revisar el funcionamiento de las políticas sociales. Las administraciones tienen que esforzarse en mejorar la vida de colectivos que todavía no alcanzan a cubrir con dignidad sus necesidades básicas como son jubilados, personas dependientes, parados de larga duración, familias con todos sus miembros en paro, jóvenes sin trabajo y sin derecho a prestación por desempleo y trabajadores pobres.



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