Pregunta.- En 2012 entraron en vigor los nuevos baremos de valoración de la dependencia y, unos meses después, desaparecieron los nieveles. ¿Estas decisiones han afectado a las personas dependientes?

Respuesta.- Desde 2012, sometidos al discurso de la sostenibilidad, asistimos soterradamente a una fase larga ya de desmantelamiento y demolición de la Ley de Dependendencia, y, con ello, de derechos a las personas en situación de dependencia. En 2011, el gobierno del PP publicó el decreto que recortaba el derecho de los dependientes grado I-nivel 2 a recibir las prestaciones que les correspondían, relegándoles a enero de 2014 (actualmente 2015). Además, nos consta que se ha procedido a aplicar los baremos de valoración de forma más rígida y, en muchos casos, injusta, llevando a multitud de reclamaciones por parte de los usuarios sobre su grado de dependencia.

P.- Analizando las estadísticas del Imserso, aunque no dejan de aumentar los dictámenes para cada grado, en el cómputo general, en diciembre de 2013 había menos personas valoradas que en 2012. ¿Por qué cree que se está produciendo esto?

R.- Esto nos lleva a considerar la situación del estado actual de la aplicación de la Ley: paralizando la entrada de dependientes Grado I, nivel 2 desde enero de 2012; recortando y vaciando la financiación del SAAD; haciendo desaparecer del mismo la aportación del Estado (nivel acordado) en más de 283 millones de euros (más la misma cantidad de los presupuestos de las CC AA); recortando más de 2.000 millones de financiación; ampliando el plazo para la resolución de los expedientes a dos años; establecimiento de tres grados, lo que ha traído una rebaja en las valoraciones y llevando a la exclusión del sistema a muchas personas, al dejarlas en grado I; y no se cubre la tasa de reposición.

P.- ¿Les preocupa que la situación se prolongue?

R.- Indudablemente, las medidas políticas a través de injustos decretos, Planes Nacionales de Reformas que se envían a Bruselas, etcétera, amenazan con el desmantelamiento casi total de la Ley. Mucho nos tememos que si no hay un cambio de gobierno no será posible la aplicación justa de la Ley, recuperando el contenido de derechos y la financiación adecuada.