Pregunta.- También se ha hablado de casos de personas que “firmaron” preferentes con su huella dactilar al no saber leer ni escribir. ¿Conoce, o han tenido, algún caso parecido en su despacho?

Respuesta.- Desgraciadamente, en Arriaga Asociados hemos llevado muchos casos impactantes. Por ejemplo, una señora con Alzheimer a la que la entidad bancaria aconsejó invertir 30.000 euros en preferentes, o el caso de un matrimonio mayor de agricultores zamorano y sin estudios a los que su banco vendió 72.000 euros en subordinadas y preferentes, o el caso de una mujer que no sabía leer ni escribir a la que le colocaron un total de 50.000 euros en participaciones preferentes. En todos estos casos hemos obtenido sentencias a favor de los afectados, que han recuperado sus ahorros acudiendo a la vía judicial. Es por ello que aconsejamos a las personas que se encuentran en una situación similar, que se informen sobre las posibilidades de recuperar su dinero.

P.- Su bufete ha obtenido cerca de 2.000 sentencias favorables de anulación y recuperación de la inversión en productos financieros. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo está abordando la justicia estos casos?

R.- Desde Arriaga Asociados intentamos llegar a todas las personas afectadas, que los preferentistas de toda España tengan la oportunidad de recuperar sus ahorros. En la mayoría de los casos, como explicábamos, se trata de personas mayores que trabajaron toda su vida con la voluntad de juntar unos ahorros para afrontar una jubilación digna. Es desolador pensar que estas personas no puedan disponer de su dinero. Para nosotros es de suma importancia hacer un estudio pormenorizado de cada caso y asesorar debidamente a los afectados. Contamos con abogados especialistas en 19 despachos ubicados en las principales ciudades españolas, pero también ofrecemos la posibilidad de trabajar a través de correo postal y electrónico. Para muchos de los afectados por las participaciones preferentes estas facilidades son fundamentales para recuperar su dinero, ya que tienen dificultades para desplazarse o viven en entornos rurales con pocas opciones de transporte. Todavía hay muchas personas que no se atreven a reclamar sus ahorros retenidos en participaciones preferentes o deuda subordinada, generalmente por miedo al gigante bancario o porque creen que acudir a abogados especialistas es muy caro y no compensa. Nuestra experiencia demuestra que no es así, ya que a más del 90% de los clientes le ha salido prácticamente gratis el proceso. La vía legal es la única posible para que a los afectados les devuelvan la totalidad del dinero. La justicia está dando la razón a los preferentistas, como demuestran las más de 2.000 sentencias ganadas por Arriaga Asociados y el alto porcentaje de éxito en casos de preferentes: un 98% en primera instancia y un 100% en apelación.

P.- Desde su desapacho de abogados son conocidos por su defensa de personas afectadas por las preferentes. ¿Qué porcentaje de estas son mayores? ¿Por qué cree que hay un número tan elevado en este colectivo?

R.- En los casos de afectados por participaciones preferentes que llevamos hasta la fecha, la entidad bancaria eligió sobre todo a personas muy humildes (en un alto porcentaje mayores) que llevaban muchos años vinculadas a su caja de ahorros. Esta relación de confianza era lo suficientemente sólida para que los clientes creyeran en las bondades de un producto del que nunca conocieron los riesgos reales. Además, en muchos casos el asesor del banco era amigo, vecino, familiar… hecho que dificultó enormemente la desconfianza en su banco de toda la vida. Las entidades bancarias escogieron, también, a personas enfermas, dependientes, con alguna discapacidad, con dificultades para la lectura o la escritura y otras situaciones personales de alta vulnerabilidad. Estos perfiles son minoristas y conservadores, por lo que no son adecuados en absoluto para este tipo de productos tóxicos. Es más, deberían ser especialmente protegidos por su banco. La estrategia fue convencer a estos clientes de que el producto que adquirían era similar a un plazo fijo, con el capital asegurado y disponible en pocos días. Las entidades no informaron ni asesoraron debidamente; además, en muchos casos, se saltaron la obligación de realizar una evaluación previa del perfil del inversor y su adecuación al producto. Podemos deducir que el interés de los bancos se centraba más en su propio beneficio que en la responsabilidad para con su clientela.