Teléfono: 986 438 020 Última actualización:  16:35:38Lunes, 18 de Enero de 2021
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Jesús Cubero / Secretario general de Aeste

'Este sector debe empezar a ser visto con otros ojos. Somos un sector de futuro'

Desde la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia, Cubero se muestra contundente: "Quienes quieren privar a las personas mayores de la capacidad de elegir libremente dónde quieren residir, no pueden considerarse defensores de la libertad, ni de los derechos de los mayores"

M.S. / EM 18-12-2020

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Pregunta.- Aeste ha defendido el binomio formado por la colaboración público-privada y un modelo en el que la persona esté en el centro de la atención. ¿Considera que la Administración, y la sociedad, le ha dado la espalda al sector?

Respuesta.- Más que darle la espalda, el problema es que sanidad, y gran parte de la sociedad, desconocía la labor que se realiza en las residencias, y se desconoce que el perfil de las personas que viven en ellas es el de una persona con gran vulnerabilidad, una edad media de 85 años, que toma nueve fármacos al día y que tiene cinco diagnósticos clínicos activos. Desde hace bastantes años venimos cuidando de estas personas de una forma callada, eficiente, sin generar ningún tipo de problema ni de ruido en la sociedad y con una coordinación muy básica con sanidad. Por eso, cuando levantamos la voz de alarma ante lo que se podía venir encima, cuando decíamos que nosotros éramos la clave para que el sistema sanitario no colapsara, no nos creyeron. En esta segunda ola se nos ha dado la importancia y el apoyo necesarios y todos vemos que los resultados están siendo totalmente distintos. En los últimos estudios no se aprecia ningún tipo de diferencia entre los centros públicos y los privados en el impacto de la Covid. Sin embargo, sí se aprecia una diferencia enorme en la eficiencia del modelo de colaboración público-privada frente al modelo de gestión de pública integral. El coste del modelo público es tres veces mayor que el de la colaboración público-privada, es decir, por cada plaza pública que se crea hay dos personas mayores que dejan de recibir plaza residencial. El grado de satisfacción percibida por parte de los mayores y sus familias también es mayor en el caso de la colaboración público-privada. Y en lo que debemos avanzar es en dejar a que la decisión la tomen las propias personas mayores: debemos avanzar hacia la fórmula de cheques-residencia para que las personas mayores sean las que decidan libremente a qué centros quieren acudir, y que la Administración fije los estándares de calidad y vigile su cumplimiento. Si creemos en la libertad de las personas mayores, hay que dejarles que elijan y que puedan cambiar de centro en cuanto no estén de acuerdo con la calidad que reciben. Fomentando esa competencia en igualdad de condiciones, la calidad de los servicios ofrecidos estaría sometida a un continuo proceso de mejora. Quienes quieren privar a las personas mayores de la capacidad de elegir libremente dónde quieren residir, no pueden considerarse defensores de la libertad, ni de los derechos de los mayores.

P.- ¿Qué mensaje lanza para recobrar la confianza en el sector que, en cierto modo, se ha visto mermada estos meses?

R.- Me atrevo a afirmar que esta pandemia sacó a relucir muchos aspectos de un sistema que ya funcionaba de una forma muy justa hace años y para el que era necesaria una profunda revisión. España necesita un sistema mucho más fuerte, más cohesionado, que sea capaz de dar respuesta adecuada a las necesidades de la población de hoy en día, y para ello hemos comenzado a trabajar con la intención de diseñar el sistema de cuidados y atención para las personas mayores del futuro. En las residencias se está trabajando en cómo afrontar nuevos brotes, en anticiparse en la detección de las personas enfermas, y las Administraciones están colaborando estrechamente en la facilitarles todos los medios necesarios para poder hacer test masivos y sectorizaciones. Actualmente, las residencias son entornos totalmente seguros en los que cada persona que entra y cada movimiento que se hace en la misma están controlados con la finalidad de proteger a los usuarios. Se están realizando pruebas y cribados, se están administrando vacunas contra la gripe estacional a los trabajadores y se trabaja en continúa evolución con la realidad con la que nos despertamos cada día. Este sector debe empezar a ser visto con otros ojos. Somos un sector de futuro, en el que, por mucho que más allá de que haya un problema de infrafinanciación por parte del Estado, la realidad es que los verdaderos protagonistas deben ser los mayores. Somos un sector de cuidados, no somos hospitales. Somos y debemos ser lo más parecido al hogar de los mayores, a ese hogar que debido a multitud de circunstancias se han visto obligados a renunciar. Debemos empezar a ser vistos desde la perspectiva del cuidado que ofrecemos y diseñar entre todos el sistema de apoyo sanitario que necesitan los mayores que viven en nuestros centros.

P.- ¿Cuáles son las demandas del sector residencial en España que deberían atenderse con mayor urgencia y garantizar, así, su estabilidad?

R.- Las mejoras necesarias en el sistema básicamente pasarían por una planificación de una cartera de servicios única en España y apostar por el desarrollo de la Autonomía Personal, teniendo en cuenta aspectos relativos a la misma que no se han puesto en práctica o lo han hecho de una forma insuficiente. Debemos adaptar esa cartera de servicios a las necesidades reales que tienen las personas mayores hoy en día y que tendrán en los próximos 15 años. Además, se debe contar con un sistema de acreditación equitativo y fundamentado en unos principios que garanticen unos mínimos comunes de atención entre las diferentes comunidades. Es necesario establecer unos requisitos mínimos y homogéneos de calidad y acreditación que permitan la cohesión territorial en el conjunto del Estado, y que permitan dotar al sistema de una unidad de mercado que garantice una calidad objetiva y equiparable entre todas las comunidades, lo que sin duda influirá de manera directa en la calidad de los servicios en el ámbito residencial. Por otra parte, es básico llegar a una verdadera coordinación socio sanitaria que suponga una integración de los Servicios Sociales y Sanidad en lo que atención sanitaria se refiere. Esta integración conlleva la necesaria unidad de criterios normativos a nivel nacional, que a su vez incidirá de manera directa en unos servicios mucho más individualizados y eficientes. Quizás una nueva fórmula en la que haya que ir pensando es en la creación de centros de cuidados intermedios, que pueden funcionar como paso intermedio entre la residencia actual y los hospitales. Sin duda se trataría de espacios con mayor calidez y trato individual que los hospitales, y donde se podría ofrecer los tratamientos adecuados para enfermedades crónicas de una forma mucho más eficiente. Debemos potenciar que las personas mayores vivan en sus hogares el mayor tiempo posible, potenciando su autonomía personal mediante centros de día, programas de ayuda a domicilio y el servicio de teleasistencia. Debemos hacer una profunda revisión del sistema de recursos humanos del sector de la dependencia. Debemos analizar su formación, su remuneración y diseñar los perfiles y volumen de trabajadoras que vamos a necesitar en los próximos años. Debemos avanzar hacia un sistema más profesionalizado con todas las variables que ello conlleva: formación, remuneración y número de profesionales. Asimismo, debemos ofrecer a las personas mayores la libertad para que puedan elegir el centro que mejor se adapte a sus necesidades, y debemos hacerlo mediante sistemas de Prestación Económica Vinculada al Servicio que podrían llevarse a cabo con fórmulas de “cheque-residencia”. Si damos esa capacidad al ciudadano, si creemos en su libertad y no tenemos miedo a la libertad de las personas mayores, las residencias competirán entre sí por ofrecer el mejor grado de calidad, y los mayores serán los grandes beneficiados de esta fórmula. Potenciar la colaboración público-privada es la forma más adecuada y eficiente para mejorar de forma continua la calidad del sistema. Por último, es básico que las Administraciones públicas hagan un trabajo de auditoría para saber cuánto cuestan realmente los servicios que están recibiendo y que recibirán en los próximos años. Debemos cuantificar todas esas mejoras enunciadas anteriormente y decidir como sociedad la fórmula de financiación entre el Estado y las comunidades autónomas. No debemos olvidar que se trata de un derecho reconocido en la Ley para las personas mayores, y que debemos asegurar que ese derecho se puede cumplir con las máximas garantías posibles, y con los mismos estándares de calidad en cualquiera de las Comunidades Autónomas de España.



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