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Pablo Muñoz / Catedrático del Área de Comercialización e Investigación de Mercados en la Universidad de Salamanca

'Cualquier colectivo vulnerable debe ser objeto de protección por parte de las Administraciones'

Muñoz explica en esta entrevista que "el menor crecimiento de la población y las menores oportunidades en los mercados exteriores están llevando a las empresas de productos y servicios de consumo a fijarse en este colectivo que cada vez tiene un mayor peso en la economía"

M.S. / EM 11-09-2020

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Pregunta.- Si hablamos de los baby boomers, nos situamos ante un consumidor influenciable pero, al tiempo, muy exigente con sus necesidades. ¿Cómo describiría los hábitos o el comportamiento de este segmento de edad a la hora de comprar?

Respuesta.- Este colectivo identifica a los nacidos aproximadamente entre 1960 y 1975. Es una generación que creció en un contexto de fuerte desarrollo económico de España, de mejora de las condiciones de vida y que tiene entre sus preocupaciones llegar a la jubilación en las mejores condiciones económicas posibles. Por tanto, es un colectivo que, en general, estará en mejores condiciones económicas y de salud para acceder a la jubilación, si lo comparamos con la generación precedente. Esta generación complementará su pensión con otros ingresos provenientes de planes de pensiones, de jubilación o seguros de vida. En 2015, el 49% de las personas entre 25 y 59 años tenía contratado un seguro de vida, frente al 20% de los de 60 o más años. Algo parecido podríamos decir, aunque en porcentajes menores, de los planes de pensiones, por lo que es esperable que, si no se tuerce el sistema de percepción de pensiones, habrá más hogares de personas de la generación de baby boom que complementen su pensión de jubilación y sus posibilidades de gasto. En suma, tendrán más posibilidades de gasto y demandarán más productos vinculados a la salud y el ocio como antes señalé.

P.- ¿Cuál diría que ha sido su evolución desde la crisis económica hasta la actualidad?

R.- Hemos vivido un periodo de crisis desde 2008 que realmente no ha pasado hasta el inicio de la recuperación en 2014. Hay dos colectivos fuertemente afectados por la crisis, los jóvenes en busca del primer empleo y las personas de más de 50 años que se han ido al paro como consecuencia normalmente de EREs o de cierre de negocios propios, y que posteriormente han ido a engrosar el grupo de parados de larga duración. Los salarios han disminuido y luego, en años recientes, han empezado a recuperar el terreno perdido. De hecho, el ingreso medio por pensión de jubilación está muy próxima a la retribución media de los asalariados y ha crecido de forma sostenida, lo que ha permitido mantener, sino mejorar su capacidad de gasto y apoyo a su entorno familiar. El sistema de pensiones español ha permitido que los pensionistas por jubilación, de media, hayan podido mantener su poder adquisitivo durante la crisis.

P.- ¿Por qué cree que se ha tardado tanto en España a tener en cuenta y valorar el potencial económico de las personas mayores?

R.- Posiblemente, durante los años de crisis ha habido cierta miopía por parte de las empresas. Algunas han preferido confiar en los mercados exteriores antes que en el mercado nacional para mantener su actividad y beneficios. Pero en la actualidad, el menor crecimiento de la población y las menores oportunidades en los mercados exteriores están llevando a las empresas de productos y servicios de consumo a fijarse en este colectivo que cada vez tiene un mayor peso en la economía.

P.- ¿Por qué los senior siguen siendo considerados, en parte, un colectivo desprotegido en materia de consumo? Es decir, ¿qué les convierte en más vulnerables a estafas o engaños y cómo podría afianzarse su protección?

R.- Las personas de edades avanzadas que viven solos, desde luego, tienen más dificultades para valorar las ofertas que se les hacen; sobre todo los que tienen menor formación, por su dificultad para discriminar entre lo que les conviene o no en las ofertas de gasto que se les hacen. Habría que distinguir entre ofertas hechas por empresas, como los bancos, aseguradoras, energía, etcétera, y las hechas por personas que tienen un ánimo de estafa. Cualquier colectivo vulnerable, no necesariamente solo las personas mayores, debe ser objeto de protección por parte de las Administraciones a partir de regulaciones que hagan más transparente y comprensible lo que un cliente acepta a la hora de contratar, como ha ocurrido recientemente en los préstamos a tipo variable con cláusulas suelo. Lo lamentable es que haya tenido que ser el Tribunal Superior de Justicia Europeo el que tenga que obligar a este cambio normativo, que ni el Banco de España ni la Administración central quisieron o supieron atajar en su momento. Lo mismo cabría decir de otros servicios o productos con mercados con escasa competencia entre empresas. Otro tema son los estafadores que operan normalmente en la economía sumergida. Ahí lo único que puede hacerse es perseguir policialmente de forma eficaz a estos defraudadores y abrir cauces rápidos de consulta con su entorno familiar y con los servicios de atención social de ayuntamientos y comunidades autónomas. Podría pedirse que los contratos con cualquier ciudadano en situación vulnerable estén supervisados previamente por entidades públicas o privadas que certifiquen su idoneidad para ser entendidas por estas personas. Debe ser un sistema preventivo para evitar que se comentan estos atropellos.



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