Pregunta.- ¿Cuál es el objetivo del convenio firmado recientemente con la Fiscalía General del Estado para la protección jurídica de los mayores?

Respuesta.- El objetivo es la colaboración en materia de protección a las personas mayores. Para ello, se está creando una red de puntos de contacto entre Fiscalía y Cruz Roja que favorece la coordinación y la cooperación para mejorar la detección e intervención ante situaciones de abuso o riesgo que puedan sufrir las personas mayores.

P.- ¿Qué papel desempeñará Cruz Roja en virtud de este convenio?

R.- Nuestro papel se basa, fundamentalmente, en facilitar el nexo entre las personas mayores y la Fiscalía provincial correspondiente. El maltrato a las personas mayores es un problema muy invisibilizado. Hay un porcentaje amplio de casos que nunca se llegan a denunciar y en los que, por tanto, muchas veces no se interviene. Gracias a nuestra extensa red territorial, podemos detectar casos de forma directa y tener el contacto directo con la fiscalía provincial correspondiente facilita muchísimo el poder acompañar a la persona mayor en el proceso necesario para salir de la situación. Del mismo modo, cuando la Fiscalía provincial es conocedora de un posible caso, puede coordinarse con nosotros para facilitar el apoyo y protección al mayor. Nuestra colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, así como con los servicios sociales, favorece una intervención coordinada que incrementa la eficacia y eficiencia de las acciones, reduciendo el perjuicio que sobre la persona implica el proceso necesario para salir de dicha situación de abuso, negligencia o maltrato.

P.- ¿Cree que la protección jurídica a los senior en España es suficiente o debería existir una legislación específica?

R.- Sabemos de primera mano y por experiencia directa, que la protección y bienestar de las personas mayores es una prioridad para las distintas Administraciones y órganos legislativos de este país. No obstante, desde Cruz Roja consideramos que un marco legislativo específico con la dotación presupuestaria necesaria, facilitaría muchísimo la atención, protección y defensa de los mayores en situación de vulnerabilidad.